El control del financiamiento politico
Los partidos políticos, pilares de todo Estado democrático, en su función de servir como cauce para la expresión y participación popular, necesitan contar con fondos que les permitan desarrollar su misión. Existen dos tipos de gastos: por un lado, los destinados al cumplimiento de las tareas regulares y habituales, y por otro, los extraordinarios, propios de las campañas electorales. Pero, ¿cómo se financian esos costos?, ¿el financiamiento es público, privado o mixto? El Estado debe ser garante de la sustentabilidad económica de los partidos, con aportes públicos directos, mediante reintegro o reembolsos de fondos, o indirectos, tales como pautas gratuitas de publicidad, excepciones impositivas, e impresiones partidarias. Esta presencia asegura la supervivencia de los partidos y otorga un equilibrio básico en la competencia electoral. Nuestro país adopta un sistema mixto, que combina aportes del Estado y de los particulares. La normativa al respecto (leyes 25.600 y 26.215) es precisa y señala los procesos, por parte del Estado, relativos al control de los gastos.
El marco legal relativo al financiamiento político es pasible de perfeccionamiento, pero la mayoría de los especialistas coinciden en que se lo puede catalogar como de los más avanzados en el mundo. Entonces, ¿por qué las dudas, los cuestionamientos y las denuncias referidas al financiamiento? La respuesta es simple: fallan los controles, por ende, la ley no se cumple. El problema no radica en la letra de las leyes en vigor, sino en la dudosa independencia y poca credibilidad de la autoridad de aplicación e instituciones encargadas de llevar adelante los respectivos controles, así como en la inviabilidad de su cumplimiento.
Las auditorías que se practican no son eficientes, ya que los organismos no cuentan con suficiente personal especializado, que se dedique exclusivamente a estas tareas. Para traducirlo en cifras, se deben auditar los gastos de campaña de más de 700 partidos y a su vez cumplimentar el control de sus informes de carácter anual. Para ello, el cuerpo de auditores encargados de estas tareas no superan los diez agentes. Resulta evidente que el correcto control y aplicación de la normativa en vigor es imposible.
Los informes resultantes de las auditorías son generalmente manipulados por autoridades con perfil altamente politizado y existe una escasa o nula divulgación de estos datos frente a la sociedad: no se informan los montos, el origen y los destinos correspondientes.
¿Qué hacen otros países? En España, existe el Tribunal de Cuentas, de característica técnica y absolutamente despolitizado, que tiene bajo su órbita la fiscalización externa de las actividades económicas financieras de los partidos políticos. La Comisión Federal de Elecciones, en los Estados Unidos, como agencia reguladora federal, de carácter independiente, con una reputación estricta e implacable en su accionar, tiene a su cargo las fiscalizaciones y los controles de los ingresos y los gastos de los candidatos. Otro ejemplo es la Dirección del Servicio Electoral, de Chile, quienes auditan constantemente a los administradores generales electorales de los partidos.
¿Qué podemos hacer nosotros? Desde Pro hemos presentado, recientemente, un proyecto de ley para propiciar la creación de una oficina nacional de control y seguimiento del financiamiento político, que dependa del Congreso Nacional y cuente con independencia funcional y financiera. Esta actuará en articulación con el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial de la Nación, con el objeto de realizar las auditorías y los controles necesarios que aseguren el cumplimiento de las leyes en vigor. Para garantizar la independencia y el control cruzado necesario en todo agente contralor del Estado, esta oficina funcionará bajo un directorio de seis miembros, de los cuales cuatro serán designados por la Cámara de Diputados de la Nación, propuestos desde los bloques de la oposición.
Este proyecto intenta ser una posible solución para el adecuado funcionamiento de mecanismos de control y seguimiento del financiamiento político-electoral en el país, en la búsqueda de brindar transparencia y legitimidad a la actividad política.
El marco legal relativo al financiamiento político es pasible de perfeccionamiento, pero la mayoría de los especialistas coinciden en que se lo puede catalogar como de los más avanzados en el mundo. Entonces, ¿por qué las dudas, los cuestionamientos y las denuncias referidas al financiamiento? La respuesta es simple: fallan los controles, por ende, la ley no se cumple. El problema no radica en la letra de las leyes en vigor, sino en la dudosa independencia y poca credibilidad de la autoridad de aplicación e instituciones encargadas de llevar adelante los respectivos controles, así como en la inviabilidad de su cumplimiento.
Las auditorías que se practican no son eficientes, ya que los organismos no cuentan con suficiente personal especializado, que se dedique exclusivamente a estas tareas. Para traducirlo en cifras, se deben auditar los gastos de campaña de más de 700 partidos y a su vez cumplimentar el control de sus informes de carácter anual. Para ello, el cuerpo de auditores encargados de estas tareas no superan los diez agentes. Resulta evidente que el correcto control y aplicación de la normativa en vigor es imposible.
Los informes resultantes de las auditorías son generalmente manipulados por autoridades con perfil altamente politizado y existe una escasa o nula divulgación de estos datos frente a la sociedad: no se informan los montos, el origen y los destinos correspondientes.
¿Qué hacen otros países? En España, existe el Tribunal de Cuentas, de característica técnica y absolutamente despolitizado, que tiene bajo su órbita la fiscalización externa de las actividades económicas financieras de los partidos políticos. La Comisión Federal de Elecciones, en los Estados Unidos, como agencia reguladora federal, de carácter independiente, con una reputación estricta e implacable en su accionar, tiene a su cargo las fiscalizaciones y los controles de los ingresos y los gastos de los candidatos. Otro ejemplo es la Dirección del Servicio Electoral, de Chile, quienes auditan constantemente a los administradores generales electorales de los partidos.
¿Qué podemos hacer nosotros? Desde Pro hemos presentado, recientemente, un proyecto de ley para propiciar la creación de una oficina nacional de control y seguimiento del financiamiento político, que dependa del Congreso Nacional y cuente con independencia funcional y financiera. Esta actuará en articulación con el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial de la Nación, con el objeto de realizar las auditorías y los controles necesarios que aseguren el cumplimiento de las leyes en vigor. Para garantizar la independencia y el control cruzado necesario en todo agente contralor del Estado, esta oficina funcionará bajo un directorio de seis miembros, de los cuales cuatro serán designados por la Cámara de Diputados de la Nación, propuestos desde los bloques de la oposición.
Este proyecto intenta ser una posible solución para el adecuado funcionamiento de mecanismos de control y seguimiento del financiamiento político-electoral en el país, en la búsqueda de brindar transparencia y legitimidad a la actividad política.
